La patronal de la farmacéuticas en España, Farmaindustria, ya avisó hace dos años de la ‘judicialización’ de la protección industrial en el sector... y ahora lo cumple. Los laboratorios afectados por la falta de armonización de patentes con el resto de países de la Unión Europea, pobrecitos, han tenido que acudir a los tribunales para pelear por cada uno de sus medicamentos, de su inversión, que sufrió una bajada de precio antes de expirar la patente debido a la irrupción de los fármacos genéricos en el mercado español muy en contra de sus intereses. Hasta el momento, las sentencias en primera y, algunas, en segunda instacia dan la razón a los laboratorios innovadores. Las principales farmacéuticas afectadas son Merck Sharp & Dohme (MSD), Lilly y Pfizer.
El quid de la cuestión reside en los famosos acuerdos ADPIC, de la Organización Mundial del Comercio, vigentes en España desde 1996. Desde esa fecha y por este tratado, las patentes ya no son sólo de procedimiento, sino de producto. De esta manera, se evitaba que cualquier cambio en el procedimiento de fabricación de un medicamento fuera susceptible de aprobación de un nuevo producto.
Todo esto no generaría problema alguno si no fuera por una situación de excepción en España: con el Tratado de Adhesión a la UE en 1986 se fijó un periodo transitorio, admitiendo la patente de producto a partir del 7 de octubre 1992. Por ello, algunos medicamentos de laboratorios internacionales están gozando de protección en la UE hasta 2012 (las patentes duran 20 años) pero no en España en el caso de los fármacos que aparecieron antes de ese 7 de octubre de 1992.
Con esto las compañías multinacionales farmacéuticas nos protegen a través de Farmaindustria, y en nuestro país, según siempre ellos, sienten antes el impacto de la salida de genéricos al mercado y la consecuente obligatoriedad de bajar su precio. Los laboratorios innovadores defienden que los acuerdos ADPIC (1996) anulan esta situación de excepción y los tribunales, hasta el momento, les están dando la razón.
El quid de la cuestión reside en los famosos acuerdos ADPIC, de la Organización Mundial del Comercio, vigentes en España desde 1996. Desde esa fecha y por este tratado, las patentes ya no son sólo de procedimiento, sino de producto. De esta manera, se evitaba que cualquier cambio en el procedimiento de fabricación de un medicamento fuera susceptible de aprobación de un nuevo producto.
Todo esto no generaría problema alguno si no fuera por una situación de excepción en España: con el Tratado de Adhesión a la UE en 1986 se fijó un periodo transitorio, admitiendo la patente de producto a partir del 7 de octubre 1992. Por ello, algunos medicamentos de laboratorios internacionales están gozando de protección en la UE hasta 2012 (las patentes duran 20 años) pero no en España en el caso de los fármacos que aparecieron antes de ese 7 de octubre de 1992.
Con esto las compañías multinacionales farmacéuticas nos protegen a través de Farmaindustria, y en nuestro país, según siempre ellos, sienten antes el impacto de la salida de genéricos al mercado y la consecuente obligatoriedad de bajar su precio. Los laboratorios innovadores defienden que los acuerdos ADPIC (1996) anulan esta situación de excepción y los tribunales, hasta el momento, les están dando la razón.
Esperamos que impere la razón y la justicia pueda demostrar el engaño que pretenden las multinacionales.
Entradas
